La exasperante tardanza de las autoridades para acabar con los timos vía SMS

El número de intentos de estafa a través de SMS procedentes de números premium se ha disparado en España en los últimos meses. Sin embargo, pese a que son un claro fraude, las autoridades competentes muestran una tardanza desesperante en acabar con estas prácticas. ¿A qué se debe?

“Te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?”. Éste es uno de los mensajes que incontables usuarios han recibido en su teléfono móvil en el último año. Aunque la mayoría ya están prevenidos de este manido truco para intentar estafarles, aún hay muchas personas que se creen el contenido del mismo y acaban contestando al que es un número de tarificación adicional. El resultado: un nuevo SMS similar y alrededor de 1,5 euros en su factura por haber mandado un simple SMS de respuesta.
Desde ADSLZone nos hemos hecho eco de este intento de timo de forma constante en los últimos meses, intentando advertir a los usuarios de los problemas que puede acarrear contestar a estos mensajes. El siguiente paso, como ha llevado a cabo la organización de consumidores FACUA, es la denuncia ante las autoridades para acabar con lo que considera una estafa en toda regla.
Iebolina Tradicional (propietaria del número 25568), Comercial Polindus 21 (27407, 25414, 25658 y 27140), Arabbesko Madrileña (25388) e Hispano Televisión y Telefonía han sido denunciadas por la organización recientemente. Sin embargo, el problema está todavía muy lejos de acabarse y el motivo no es otro que el dilatado proceso que llevan a cabo las autoridades para poner fin a estas prácticas.

Un proceso interminable a la hora de sancionar estas prácticas

En su última publicación en el blog de la organización, el portavoz de FACUA critica con dureza la inoperancia de las autoridades en este sentido. “¿Imaginas que estuvieran atracando un banco y tras saltar las alarmas, la policía llegase un año después? Pues esto es lo que pasa con este tipo de fraudes a los consumidores”, ejemplifica.
No en vano, desde que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria tiene conocimiento de estos fraudes denunciados, transcurre un año o más hasta que se cancelan los números fraudulentos. Esto se debe a que la Setsi espera a la valoración de la Comisión para la Supervisión de los Números de Tarificación Adicional, organismo de escaso personal y abrumado por las numerosas demandas a este tipo de servicios.
Algo similar sucede con las administraciones autonómicas en materia de consumo, que se sumergen en interminables expedientes para cada caso y que además no hacen públicas sus sanciones. A ello hay que unir que estas multas suelen ser de un importe poco acorde a la gravedad de los hechos, haciendo volar por los aires el supuesto principio de proporcionalidad a la hora de sancionar.
Por desgracia, la situación no parece que vaya a cambiar a corto plazo. “Las pocas sanciones que aplican representan, más que un castigo, una invitación a seguir timando“, afirman desde la organización, en un discurso poco optimista con el fin de las estafas a través de diversos medios tecnológicos. ¿Qué tiene que suceder para que las autoridades despierten y protejan como es debido los derechos de los consumidores?